Seres humanos visionarios
estiman que invertir fuerte e integralmente en la educación, y -además-
emprender, de manera decidida y decisiva,
la lucha contra la corrupción, constituyen
caminos de esperanza cierta, hacia la prosperidad y vida digna de los
habitantes de un país.
Aproximadamente son 14 países
en el mundo, en los que sus habitantes disfrutan la dicha de recibir,
gratuitamente, Educación Superior. Es en el mencionado nivel de superación
académica y profesional, en el que el individuo se prepara para emprender
el camino como dueño de una empresa, o para desempeñarse como profesional
calificado dentro de una institución pública o empresa privada.
Pero ¿acaso, aliviar a la
población humilde, abriéndole gratuitamente a ésta, las puertas de la
universidad para que “absorba” el néctar del conocimiento que la encaminará hacia
la prosperidad, es -o no- uno de los principales deberes de cada gobernante?
¡Claro que sí!, pues es la vía
más segura para salir de la miseria y abrirse paso a la prosperidad. ¿De qué vale “regalar” la
educación primaria y secundaria, si la que da el toque (o paso) final para alcanzar una vida digna,
es negada?
Los pueblos eligen al máximo
mandatario del país, depositando en ellos esperanzas y confianza. Elegido y
electores, se deben (mutuamente) respeto y obediencia.
Realmente, varios miles o un
millón (o más) de ciudadanos deciden qué mujer o qué hombre ejercerá el cargo
de Presidente. Y esa multitud de ciudadanos, tiene derecho a exigir lo que
deseaban al elegir a este máximo funcionario del Estado. Y, aunque respetuoso:
realmente, EL PUEBLO ES EL JEFE.
Recientemente, en un
interesante debate, surgió una interrogante claramente dirigida a la
Universidad de Panamá (Primera Casa de Estudios Superiores): En la eventualidad
de que la educación en la UP llegase a ser gratuita, ¿acaso no perdería ésta su
autonomía?
No, porque cada gobierno de
turno (integrado por personas elegidas por el pueblo) sólo es administrador de los recursos
económicos de Panamá, cuya fuente está conformada por: bienes naturales, obras
realizadas o edificadas y dinero aportado por los habitantes de Panamá -de
distintos estratos sociales- a través de los impuestos que pagan.
En otras palabras: el pueblo
panameño es el dueño de los recursos que posee el país. Cada gobierno es sólo
administrador de esos recursos.
El gobierno y los que lo
integran debe (n) procurar que los bienes con los que cuenta el país, redunden
en bienestar y vida digna de los habitantes del país. Y en los países que han
alcanzado gran desarrollo, éste (y los funcionarios que lo forman) ha invertido
sin reparo en la educación de sus tres componentes de su articulación, es
decir: primaria, secundaria y superior.
Es la formación académica-profesional-humanista
la que sacará a los pueblos de la pobreza y de una vida mísera. Por lo tanto no
es un favor de los gobiernos. Es un deber de éstos, propiciar vida próspera a
través de la Educación y la implementación igualitaria de otros derechos. Redacción y foto Ángel Molina
